La Procuraduría General de la Nación de Colombia confirmó, en segunda instancia, la sanción de destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La decisión se deriva de las graves irregularidades identificadas en el proceso de licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en el país.
El caso se originó a finales de 2023, cuando Leyva, entonces titular de la cancillería, decretó la suspensión unilateral de un contrato millonario que aún tenía una vigencia de tres años con la firma Thomas Greg & Sons (TGS), compañía que durante años se había encargado de la producción de los documentos. El exfuncionario argumentó que en la licitación original no se habría garantizado la libre competencia.
Sin embargo, esta decisión desencadenó una demanda de la empresa contra el Estado colombiano y generó una crisis de desabastecimiento de pasaportes, afectando a miles de ciudadanos.
En un comunicado oficial, la Procuraduría detalló que tras revisar el caso, el Ministerio Público ratificó que la determinación del entonces canciller “careció de fundamento legal” y no tuvo como objetivo primario “salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”. El organismo de control concluyó que su actuación fue irregular y contraria a los principios de la función pública.
JA / Reporte Relámpago
Fotografía: Agencias