Un juez federal en Washington D.C. puso en duda la legalidad de la expulsión de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, enviados a una megacárcel en El Salvador durante la administración de Donald Trump.
El magistrado James Boasberg sugirió que el gobierno podría haber actuado de «mala fe» al acelerar los vuelos para evitar el control judicial. Durante la audiencia, criticó la rapidez con la que se ejecutó la deportación y dejó abierta la posibilidad de declarar en desacato al exmandatario.
La decisión final podría traer repercusiones legales para Trump y su equipo. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos exigen respuestas sobre el trato dado a los migrantes en este proceso.
AP/Reporte Relámpago