La organización Human Rights Watch (HRW) reveló que muchos de los más de 300 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador no tenían antecedentes penales ni fueron sometidos a un debido proceso, contradiciendo las afirmaciones del gobierno estadounidense que los vinculaba con la banda criminal Tren de Aragua.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, analizó los casos y determinó que «muchas de las personas», incluidas al menos nueve mujeres, «no cometieron ningún delito en territorio estadounidense».
La investigación surgió tras las denuncias de familias que aseguran que algunos detenidos solo fueron señalados por llevar tatuajes.
La deportación masiva se produjo después de que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara recibir a los migrantes, en respuesta a nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Ante la negativa venezolana, las autoridades estadounidenses enviaron a los venezolanos al Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, un país con políticas migratorias estrictas.
Goebertus criticó la medida, calificándola como un intento del gobierno de Donald Trump de criminalizar a los migrantes. «Es triste ver esta pobreza investigativa en las autoridades de Estados Unidos. Quienes hayan cometido delitos violentos deben ser judicializados, pero no se puede deportar sin garantías a personas que, en su mayoría, huyen de la dictadura de Maduro y buscan un futuro mejor para sus familias», afirmó.
La polémica continúa mientras organizaciones de derechos humanos exigen transparencia en los procesos de deportación y reclaman protección para los migrantes venezolanos, muchos de los cuales enfrentan condiciones de detención severas en El Salvador.
JA / Reporte Relámpago
Fotografía: Agencias