La Defensa Pública General, en su compromiso con la protección de los derechos humanos y el debido proceso, ha instalado el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria en fase de proceso en el estado Zulia, así como en Lara, Falcón y Yaracuy. Esta iniciativa busca garantizar el respeto de los derechos, garantías procesales y constitucionales de las personas privadas de libertad en el país.
La Defensa Pública maneja más del 70% de los casos de privados de libertad en Venezuela, lo que demuestra su compromiso con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
El Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, destacó que la revisión de procesos permitirá verificar las causas penales y el cumplimiento de las garantías procesales ante los tribunales. «Estamos constituyéndonos en los circuitos judiciales del país, haciendo una revisión de todos y cada uno de los expedientes de estos privados y privadas de libertad que se encuentran en esta fase para verificar los motivos por los cuales no se ha realizado la audiencia preliminar y ya se ha presentado el acto conclusivo», explicó.
Ramírez Herrera señaló que la revisión se realiza en estados del occidente del país, independientemente de los delitos, para dar una respuesta a cada caso. «Hemos llamado a la transformación del sistema de justicia, a la revolución judicial, y es obligación de nosotros como funcionarios salir de nuestras oficinas a los estados, a los internados judiciales, a los centros de detención preventiva, a los circuitos judiciales penales y en físico verificar por qué no se ha realizado esa audiencia preliminar en los lapsos que corresponde», afirmó.
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