Una jueza federal ha determinado que el gobierno del expresidente Donald Trump no puede poner fin de manera abrupta, a finales de este mes, a las protecciones contra la deportación otorgadas a inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses bajo el programa de permiso de permanencia temporal (CHNV).
La jueza de distrito Indira Talwani dictaminó que el gobierno no cumplió con los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar acortar drásticamente el plazo de dos años para la finalización del programa. Esta decisión representa un revés significativo para los intentos de Trump de implementar cambios radicales en el sistema de inmigración.
«Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a irse (o a convertirse en indocumentados) antes de la fecha original de vencimiento de su permiso», escribió Talwani, quien fue designada por el expresidente Barack Obama.
La jueza también enfatizó que «tampoco es de interés público declarar de forma sumaria que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, lo que les impediría trabajar legalmente en sus comunidades y mantenerse a sí mismos y a sus familias».
Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar, el 24 de abril, los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a estos migrantes bajo el programa CHNV implementado por el gobierno de Biden. Según la jueza, dichas protecciones deben mantenerse hasta su vencimiento natural, establecido en octubre de 2024, cuando el gobierno de Biden anunció que no se otorgarían nuevos permisos una vez que expiraran los plazos de dos años.
La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso.
Foto: Agencias
Reporte Relámpago