El Máximo Tribunal de Venezuela dio un paso firme para frenar las malas prácticas dentro del sistema de justicia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo determinante orientado a sancionar penal y administrativamente a quienes incurran en el denominado terrorismo judicial.
La medida busca proteger a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables, frente a funcionarios o profesionales del derecho que utilicen su investidura o influencias para coaccionar, extorsionar o atropellar a terceros.
De acuerdo con la información difundida, el enfoque principal de esta sentencia recae en aquellos casos donde existan:
Intereses económicos de por medio.
Disputas por bienes materiales.
Uso indebido de cargos públicos para beneficio personal o de grupos específicos.
JA / Reporte Relámpago
Fotografía: Cortesía

